La implantación BIM empezó en el año 2014, cuando la Unión Europea solicitaba a los países miembros a modernizar las normativas de contratación y licitaciones públicas, pidiendo que se considerara la conveniencia de incorporar la tecnología BIM para modernizar y mejorar los procesos de contratación pública.

De hecho, las administraciones autonómicas, respecto a la implantación BIM, son las mayores dinamizadoras tanto a nivel de inversión como de licitaciones. Una buena cifra es que en el 90% de las comunidades autónomas se realizan proyectos y obras públicas con BIM. Cataluña es donde más se invierte y más se está implementando la metodología BIM, seguida de la Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón.

En la actualidad, y pese a la obligatoriedad de usar ya esta tecnología en proyectos públicos, «su implantación en España sigue siendo relativamente baja, alrededor del 31% en estudios de arquitectura, un 23% en ingenierías y constructoras, y un 11% en otras empresas del mismo ámbito. Y es que, aunque el sector privado ve en BIM una oportunidad para transformar y digitalizar el mercado, también es consciente de los obstáculos que supone su implementación en cuanto a inversión tecnológica o formación de los profesionales», según explican los expertos de Espacio BIM.

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